Javier Hernández Hernández, abogado penalista especializado en homicidios y asesinatos en Tenerife y Canarias, ofrece una defensa eficaz, rigurosa y personalizada frente a cualquier acusación relacionada con delitos contra la vida.
Sabemos que enfrentarse a un proceso penal por homicidio o asesinato puede ser una situación extremadamente grave y angustiante. Por eso, proporcionamos asesoramiento legal inmediato, técnico y adaptado a la gravedad del caso, con una estrategia de defensa sólida desde el primer momento.
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Javier Hernández Hernández, abogado especialista en Homicidio y Asesinato, ofrece asistencia legal experta en casos graves relacionados con la pérdida de la vida humana. Brindamos ASISTENCIA A DETENIDO O PERSONA CITADA JUDICIALMENTE en procedimientos penales por homicidio, asesinato o tentativa.
Nuestra sede se encuentra en la Calle CASTILLO Nº 62, Tercera Planta, E, SANTA CRUZ DE TENERIFE. Si necesitas asesoramiento urgente, LLÁMANOS AL 628 620 981 y solicita una cita con nuestro equipo penalista.
Estos delitos representan las formas más graves de agresión contra la vida. El homicidio se castiga cuando se produce la muerte de una persona por acción u omisión, mientras que el asesinato implica agravantes como la alevosía, el ensañamiento o el precio. La correcta defensa técnica es fundamental desde el primer momento.
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El delito de homicidio está regulado en el artículo 138 del Código Penal, que establece: "El que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de diez a quince años." Este tipo delictivo castiga la conducta de quien, de forma intencionada o gravemente negligente, provoca la muerte de otra persona.
Puede cometerse por acción directa (por ejemplo, utilizando un arma) o por omisión, cuando el sujeto tenía la obligación legal de actuar y no lo hizo (por ejemplo, un médico que no atiende a un paciente en situación crítica). También puede configurarse como comisión por omisión, cuando la falta de intervención se equipara a una acción que causa el resultado de muerte.
El homicidio exige que la víctima sea una persona viva y ajena. No se castiga el suicidio ni su tentativa, pero sí la participación de terceros en un suicidio ajeno (auxilio al suicidio, art. 143 CP).
Se considera homicidio cualquier conducta que derive en la muerte de otro ser humano, ya sea mediante medios directos (uso de armas, golpes, estrangulación...) o indirectos (envenenamiento, abandono, omisiones médicas...). En todo caso, debe acreditarse una relación de causalidad entre la conducta del autor y el resultado mortal.
Existen modalidades de homicidio según el grado de responsabilidad penal, como el homicidio doloso (con intención de matar) o el homicidio imprudente (por negligencia grave). Esta distinción es clave en la estrategia de defensa penal y puede suponer diferencias sustanciales en la pena.
Si te enfrentas a una acusación por homicidio, contar con un abogado penalista en Tenerife es imprescindible. La correcta valoración de pruebas, informes forenses y testimonios será crucial para determinar si existió dolo, imprudencia o incluso si hay causa de justificación como la legítima defensa.
Implica ánimo de matar. El dolo se determina por las circunstancias previas, coetáneas y posteriores al hecho: relaciones previas con la víctima, forma de ejecución, manifestaciones verbales, uso de medios letales, etc.
La pena prevista para el homicidio doloso es de 10 a 15 años de prisión.
El homicidio imprudente se produce cuando una persona, sin intención de matar, causa la muerte de otra por una conducta descuidada, temeraria o negligente. Está regulado en el artículo 142 del Código Penal, y requiere que la imprudencia sea calificada como grave. No se exige dolo (intención), pero sí una actuación claramente contraria al deber de cuidado.
Es común en accidentes de tráfico (conducción temeraria, exceso de velocidad, consumo de alcohol o drogas), negligencias médicas (errores de diagnóstico, falta de intervención quirúrgica urgente), así como en entornos laborales donde el incumplimiento de las normas de seguridad provoca una muerte.
La pena puede incluir entre 1 y 4 años de prisión, además de sanciones accesorias como la privación del derecho a conducir vehículos a motor, el retiro de licencia de armas o la inhabilitación profesional si la imprudencia se cometió en el ejercicio de una actividad específica (médicos, ingenieros, técnicos...).
Para que se considere imprudencia grave, deben valorarse factores como el grado de previsibilidad del resultado, el incumplimiento de normas específicas, el contexto en que se produjo el hecho y la conducta del autor antes y después del suceso. La existencia de circunstancias atenuantes, como la colaboración con la justicia o el arrepentimiento, puede reducir notablemente la pena.
La intervención de un abogado penalista en Tenerife es fundamental para analizar si realmente existió imprudencia grave o si podría tratarse de una imprudencia leve (sancionada con multa), o incluso si se puede solicitar el archivo del procedimiento por falta de nexo causal o error en la acusación.
Desde el primer momento, es vital contar con defensa técnica especializada que estudie los informes periciales, las diligencias de instrucción y todas las pruebas relevantes para garantizar tus derechos en el proceso penal.
El delito de asesinato se regula en el artículo 139 del Código Penal y se diferencia del homicidio por la concurrencia de circunstancias que lo hacen especialmente grave. En concreto, se considera asesinato cuando la muerte se causa mediante alevosía, a cambio de un precio, recompensa o promesa, o con ensañamiento. Estas circunstancias no sólo agravan el hecho, sino que reflejan una conducta particularmente reprochable desde el punto de vista penal.
La alevosía se produce cuando el autor actúa de forma que impide cualquier posibilidad de defensa por parte de la víctima, por ejemplo, atacando por la espalda o aprovechando su estado de indefensión. El precio o recompensa implica que el autor ha cometido el crimen a cambio de un beneficio económico o material, y el ensañamiento supone causar un sufrimiento añadido a la víctima, más allá del necesario para provocar la muerte, con una crueldad injustificada.
Estas circunstancias pueden concurrir de forma individual o conjunta. Si se da una sola, la pena por asesinato será de 15 a 25 años de prisión. Si se dan dos o más circunstancias del artículo 139, la pena puede situarse en su mitad superior e incluso, en los casos más graves, puede imponerse la prisión permanente revisable según lo establecido en el artículo 140 del Código Penal.
La diferencia entre homicidio y asesinato no siempre es clara, y suele ser objeto de debate jurídico en los tribunales. Por eso es imprescindible contar con la asistencia de un abogado penalista especializado en Tenerife que pueda analizar las circunstancias del hecho, impugnar las agravantes si no están justificadas, y construir una estrategia de defensa sólida que garantice los derechos del acusado.
En nuestro despacho trabajamos con peritos, criminólogos y expertos legales para desmontar acusaciones infundadas de asesinato, especialmente cuando la prueba de alevosía, ensañamiento o beneficio económico no es concluyente. Actuamos con máxima confidencialidad y compromiso en todas las fases del procedimiento penal.
El ensañamiento es un agravante en el delito de asesinato, cuando el autor aumenta deliberadamente el sufrimiento de la víctima de forma innecesaria para causar la muerte.
Este elemento evidencia una mayor peligrosidad y una especial crueldad, por lo que el reproche penal es mucho mayor.
